PROCESOS COLECTIVOS. CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE DOS MAGISTRADOS DEL FUERO. Existencia de dos procesos colectivos iniciados en diferentes tribunales, pero con idéntico o similar objeto. Deber de los magistrados que intervienen en ellos de disponer las medidas necesarias para evitar –por un lado– que esa multiplicidad de juicios redunde en un dispendio de recursos materiales y humanos y –por el otro– que se dicten pronunciamientos contradictorios. Insuficiencia normativa en la materia que no obsta a que esos mismos jueces adopten, por vía de interpretación integrativa, pautas mínimas indispensables de prelación para la asignación de esas causas con el fin de prevenir que se menoscabe la garantía del debido proceso legal. Necesidad de conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtengan el beneficio de ciertas pretensiones y otras, que también lo integran, resulten excluidas. UNIFICACIÓN PROCEDIMENTAL DE LAS CAUSAS. MERO CARÁCTER ORDENATORIO DE LA DECISIÓN QUE NO GENERA PREVENCIÓN Y, POR LO TANTO, NO COMPROMETE EL CRITERIO QUE PUDIERE SEGUIRSE, ANTE UNA NUEVA ELEVACIÓN, EN CUANTO A LA SEDE DE RADICACIÓN EN ESTA INSTANCIA DE LA PRESENTE CAUSA DE ACUERDO A LOS DATOS QUE, EN TAL SENTIDO, PUDIERE APORTAR EL REGISTRO DE ACCIONES COLECTIVAS.